Son tres los jugadores de peso en el mercado local y que concentran casi el 90% del negocio: Massalin Particulares (filial de Phillip Morris Argentina), Tabacalera Sarandí (del empresario Pablo Otero), y British American Tobacco (ex-Nobleza Piccardo)

La eliminación del capítulo tabacalero de la ley Bases enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso reavivó las internas de una industria marcada por mutuas acusaciones de lobby entre sus jugadores más pesados, en la que se cruzan los intereses de la política y que tiene, incluso, derivaciones judiciales que incluyen al juez federal postulado por el gobierno para la Corte Suprema, Ariel Lijo.

. La disputa principal se da entre Massalin Particulares y Sarandí, aunque esta última es señalada por la totalidad de las empresas del sector tabacalero por la desigualdad de condiciones tributarias que le permitieron crecer de manera exponencial.

La venta de cigarrillos tiene una presión tributaria que ronda el 80%, dado que se encuentra gravada con cinco impuestos: el Fondo de Asistencia Social (FAS), el Fondo Especial del Tabaco (FET), los impuestos internos, el IVA e Ingresos Brutos, cuya recaudación alcanza, según fuentes del sector, los $650.000 millones anuales, que se distribuyen entre el Tesoro Nacional, los gobiernos provinciales, las provincias tabacaleras y la Anses.

La disputa tiene que ver, en principio, con que la empresa Sarandí creció exponencialmente gracias a una aceitada estrategia judicial que le permitió no pagar el impuesto interno mínimo, un tributo que se lleva cerca de la mitad del precio de venta de cada paquete de cigarrillos. Amparada por fallos judiciales, Sarandí logra vender desde hace siete años muy por debajo de los precios de sus competidores y pasó de tener el 5% del mercado, al 30%.

Las grandes multinacionales, pero también las empresas agrupadas en la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet), denuncian una competencia desleal, dado que la empresa de Pablo Otero –a quien Javier Milei bautizó “Señor Tabaco”– está eximida del pago de ese impuesto por una serie de medidas cautelares.

La intención del Gobierno era, a través de un capítulo incluido en el proyecto de ley Bases, eliminar el impuesto mínimo y subir de 70% a 73% la alícuota del impuesto interno. De esa manera, se intentaba, como dijeron fuentes oficiales en su momento, poner en pie igualdad a toda la industria y hacer que todas las empresas paguen lo mismo. Quienes desde las filas de la empresa Sarandí objetaban esa iniciativa la llamaban “Ley Massalin”, igual que como calificaron la ley incluida en la reforma tributaria promovida por el gobierno de Mauricio Macri en 2017..

El capítulo judicial

Tabacalera Sarandí no tributa el impuesto mínimo gracias a una serie de medidas cautelares que obtuvo de la justicia en lo contencioso administrativo. El juez de ese fuero que llevó el planteo es Enrique Lavié Pico. Primero rechazó una medida cautelar solicitada por la empresa, pero su decisión fue revertida luego de un fallo la Cámara en lo Contencioso Administrativo Incluso, por decisión de los jueces Marcelo Daniel Duffy y Jorge Eduardo Morán.

El caso llegó a la Corte Suprema por una queja de la AFIP. Cuando el caso llegó al máximo tribunal, Tabacalera Sarandí recusó al juez Carlos Rosenkrantz por considerar que existía un “conflicto de intereses” que le impedía ser imparcial a la hora de resolver el conflicto. La empresa denunció que la hija del juez trabajaba, o había trabajado, en un estudio jurídico que atendió durante años a las tabacaleras. El magistrado se abstuvo de votar. El máximo tribunal falló en contra del planteo de la tabacalera en 2021.

Pero aún así Sarandí logró sortear el pago del impuesto cuando hubo un pronunciamiento a su favor sobre el fondo de la cuestión y se dictó una nueva cautelar. La Corte todavía debe pronunciarse sobre ese fallo. El argumento presentado por la firma ante la Justicia para no pagar el impuesto, en principio, era que el impuesto es inconstitucional y que por ser una pyme nacional no debía afrontarlo.

Pero Sarandí no solamente jugó su partido en el fuero contencioso administrativo. También inició denuncias en el fuero penal, donde acusó a la AFIP y a Phillip Morris, en distintos planteos judiciales, de actuar de manera conjunta para perjudicarla. El juez que avanzó en la dirección que planteó la firma Sarandí –patrocinada por el abogado Maximiliano Rusconi–, es nada menos que Ariel Lijo, postulado para la Corte Suprema por el gobierno nacional.

Desde 2022, Lijo avanzó contra los directivos de Massalin y contra exfuncionarios de la AFIP en un expediente por defraudación al Estado, cohecho, enriquecimiento ilícito y estafa procesal. El caso sigue abierto y, cuando se conoció el primer proyecto de ley ómnibus, que incluía modificaciones en los tributos de las tabacaleras, Sarandí presentó una nueva denuncia que también está en manos de Lijo, con una particularidad extra: apunta penalmente al cerebro del mega DNU y de las reformas promovidas por el Gobierno, Federico Sturzenegger. Lijo todavía no había sido oficialmente postulado por el Gobierno y habilitó la feria judicial para dar tratamiento a la denuncia. El abogado de la Tabacalera que auspicia sus demandas es Maximiliano Rusconi.

Tabacalera Sarandí no solo avanzó por la vía penal contra sus contrincantes del sector, sino que también buscó avanzar contra los periodistas que escriben sobre sus estrategias tributarias mediante la vía de cartas documento.