El 14 de diciembre de 2015 un colectivo perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina, en muy mal estado, salió desde Santiago del Estero con destino a Jujuy para colaborar con el orden social en esa provincia, cuando en horas de la madrugada al micro se le reventó una de sus cubiertas y sin control cayó al vacío, en el arroyo Balboa, sobre la ruta nacional 34, a unos 20 kilómetros de Rosario de la Frontera.

El viejo transporte llevaba a 50 uniformados, cayeron desde unos 25 metros causando el siniestro más fatal que haya sufrido la fuerza en cumplimiento del deber, con 43 gendarmes fallecidos. Al cabo de seis años el juicio contra cuatro comandantes y un suboficial comenzó el 1 de noviembre de 2021 y, tras dos semanas, el 15 de ese mes, en la segunda audiencia, los jueces del TOF 2 decidieron suspender el debate.

Los acusados, juzgados por el delito de estrago culposo, son el suboficial mayor Ricardo Ernesto Villasanti, encargado de la División Motorizada; el comandante Juan Carlos Germán, responsable de Logística; el comandante principal Juan Carlos Bordón, jefe de Personal; el comandante mayor Elio Rafael Méndez, jefe del Destacamento; y el comandante principal Ramón Antonio Maidana, segundo en el mando.

El fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, representa al Ministerio Público Fiscal. Además, intervienen dos querellas en representación de las familias de los 43 gendarmes fallecidos en el siniestro.

Conmoción en el país

El 14 de diciembre de 2015 un colectivo Mercedes Benz conducido por el sargento primero Orlando Díaz, con el cabo primero Oscar Manrique de acompañante, transportaba a 50 gendarmes que habían salido del Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero y se dirigían a Jujuy para "dar apoyo en conflictos de orden social desatados en esa provincia", por decisión de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Al micro, que era parte de un convoy de tres unidades, se le reventó el neumático derecho y cayó al arroyo Balboa. Luego de declararse la incompetencia del caso por la justicia ordinaria, se hizo cargo de la investigación el fiscal federal Ricardo Toranzos, a través de la intervención del juez federal Julio Bavio. El 21 de septiembre de 2017 se confirmó el auto de elevación a juicio.

La acusación, dirigida ahora por el fiscal general Carlos Amad, estableció que hubo graves irregularidades en el mantenimiento del colectivo, las que habían sido informadas a los superiores.