Nacido el 25 de mayo de 1962 en el paraje El Desemboque, en el corazón del Chaco salteño, Aníbal Verón creció entre la humildad y el trabajo duro. Hijo de doña Nicasia Torres y don Víctor Verón, a los 17 años decidió dejar su tierra natal con lo poco que había conseguido vendiendo cueritos de iguana, para buscar un futuro en Tartagal.
Allí trabajó de mozo, vendiendo gas y finalmente como chofer en la empresa de transporte Atahualpa.

A fines de los años noventa, el cierre de empresas y los despidos masivos en la región petrolera golpearon con fuerza a los trabajadores del norte. Verón, junto a compañeros desocupados, docentes autoconvocados y comunidades originarias, se sumó a los cortes de ruta reclamando lo que les correspondía: trabajo y dignidad.

La madrugada del 10 de noviembre, pese a que las autoridades locales aseguraron que no había orden de desalojo, efectivos de Infantería de la Policía de Salta avanzaron contra los manifestantes. En medio del operativo, un disparo de arma corta impactó en el rostro de Aníbal Verón, provocándole la muerte.

La represión desató una pueblada en Tartagal y General Mosconi: cientos de vecinos tomaron las calles, incendiaron oficinas y exigieron justicia.
Desde entonces, el nombre de Aníbal Verón se transformó en bandera de las luchas populares y en símbolo de la resistencia de los trabajadores del norte argentino.

Impunidad

Mientras el secretario de Seguridad de ese momento Daniel Nallar, actualmente funcionario de Bettina Romero en la Intendencia de Salta capital, manifestó que Verón fue víctima de “una riña entre piqueteros”, Romero sostuvo aquel día que la Policía no estaba armada con balas de plomo. Nada que envidiarle al discurso de Sergio Berni y Axel Kicillof por estos días respecto al brutal desalojo de las familias en Guernica, Buenos Aires.

Desde el entorno de Verón manifestaron que el 10 de noviembre de 2000 “uno de los uniformados se levantó el protector del casco, apuntó con un arma corta hacia adelante, disparó y en el acto cayó Aníbal, que estaba al lado mío”. Por su parte, la esposa de Verón, Enriqueta Gómez responsabilizó al Gobierno de Romero, el juez Cornejo “que fue anoche (9 de noviembre, NdR) a decir que no iban a reprimir. Y también Sonia Escudero de todo los que sucedió porque ayer nos dividió de los aborígenes”. Todos impunes.

La represión como sello

Mario Ojeda y Francisco Escobar, asesinados en el puente que une Chaco y Corrientes, habían sido las primeras víctimas de la represión del gobierno de la Alianza, llegado al poder a fines del 99. Las grandes expectativas de recambio frente a su antecesor Carlos Menem fueron disipadas a punta de fusil en tareas conjuntas entre las Policías locales y la Gendarmería con un avance en la criminalización de la pobreza y la protesta social.

En el año 2000 hubo intensificación en los cortes de ruta, producto de la pelea por trabajo genuino contra los intentos del Gobierno de cooptar al movimiento piquetero por la vía de planes sociales (promesas que además incumplían). Durante uno de esos piquetes, el 9 de mayo, mueren los piqueteros Orlando Justiniano y Matías Gómez, en un supuesto accidente cuando iban buscar gomas para quemar, versión de la policía provincial que las organizaciones siempre desconocieron. Mientras continuaban los piquetes, Romero comenzó por abajo una campaña de demonización hablando de “piqueteros infiltrados”. Finalmente, en Mosconi y Tartagal se desarrollaron nuevas puebladas, con unas 20.000 personas en las rutas y el Gobierno debió negociar una tregua.

El asesinato de Aníbal Verón, las anteriores represiones brutales en la propia Salta, y las venideras como en junio del 2001 cuando la Gendarmería asesina a Carlos Santillán y el adolescente José Barrios, también en cortes de ruta, son muestra de una época bisagra entre el fin del menemismo que no terminaba de irse y lo que fueron las jornadas revolucionarias del 19 y 20 de diciembre, que provocaron la renuncia de De la Rúa.

En el gobierno de la Alianza estaban De la Rúa y la UCR, pero también Patricia Bullrich como ministra de Trabajo y Carlos Chacho Alvarez del Frepaso como vice presidente, quien apenas días antes de la brutal represión en la ruta 34 había renunciado a su cargo tras el escándalo de la "Banelco".

El expresidente tuvo que huir en helicóptero dejando 39 muertos un año después, aquel 20 de diciembre de 2001. Bullrich fue parte del Gobierno Mauricio Macri, con muertes y desapariciones a cuestas, y encabeza las manifestaciones de derecha como referenta del PRO.

Chacho Alvarez, por su parte, fue funcionario del gobierno de Néstor Kirchner y tras asumir en diciembre de 2019 Alberto Fernández lo propuso como embajador argentino en Perú, cargo que finalmente rechazó hace unos meses.