La causa tiene siete imputados. En diciembre de 2022, un grupo armado robó $13 millones y US$160.000 de la empresa Abra del Sol, dejando una estela de violencia y sospechas de corrupción. Entre los imputados figura un gerente de la compañía, acusado de colaborar con los delincuentes mientras simulaba ser una víctima.

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La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte solicitó la elevación a juicio de la causa por el violento robo a la empresa Abra del Sol, perpetrado el 16 de diciembre de 2022. En el hecho, un grupo de al menos ocho personas encapuchadas y armadas irrumpió en las instalaciones de la empresa, dejando un saldo de millonarias pérdidas, empleados sometidos a violencia extrema y una investigación marcada por graves denuncias de corrupción judicial.

Entre los imputados se encuentran Cristian Gabriel Palavecino, José Dimas Ruiz y Brian Gabriel Palavecino, además de Marcelino Daniel Cruz, Matías Ezequiel Malissia, Delfor Rogelio Sandoval y Javier Antonio Romero. La fiscalía los acusa de robo agravado, privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita, sustentando sus cargos en evidencia digital clave obtenida durante la investigación.

El asalto ocurrió cerca de las 20.00 horas cuando el grupo ingresó a la empresa con armas largas y cortas. Con extrema violencia, maniataron al personal con precintos de plástico, confiscaron sus teléfonos y procedieron a sustraer $13.000.000 (trece millones de pesos) y US$160.000 (ciento sesenta mil dólares). Antes de huir, utilizaron una camioneta Toyota SW4 propiedad de uno de los socios gerentes, a quien secuestraron momentáneamente bajo amenazas y violencia. Finalmente, el empresario fue abandonado en un lugar remoto y auxiliado por transeúntes que lo llevaron a la policía.

Un gerente entre los acusados

La investigación reveló que José Dimas Ruiz, contador y gerente comercial de Abra del Sol, tuvo un rol fundamental en el robo. Mientras simulaba ser una víctima, mantenía contacto con los delincuentes y les proporcionaba información clave para eludir las pesquisas policiales. Esta situación se vio agravada por la decisión del exjuez Claudio Parisi, quien otorgó a Ruiz el beneficio de arresto domiciliario, presuntamente a cambio de un soborno. Este hecho derivó en la destitución de Parisi por parte del Jurado de Enjuiciamiento y su imputación por cohecho pasivo agravado.

Obstáculos judiciales y evidencia clave

El avance de la investigación también se vio entorpecido por el juez Francisco Oyarzú, quien sistemáticamente negó las solicitudes de la fiscalía para analizar los dispositivos electrónicos secuestrados a los acusados. Estas negativas retrasaron el caso por seis meses hasta que el Tribunal de Impugnación autorizó finalmente el acceso a los datos, luego de un proceso de apelación impulsado por el Ministerio Público Fiscal. Este hecho también motivó una denuncia formal contra Oyarzú por parte del Procurador General Pedro García Castiella, quien reclamó su destitución.

La evidencia extraída de los dispositivos, incluidos teléfonos celulares, computadoras y pendrives, resultó crucial para la causa. Entre los elementos obtenidos se encontraron videos, fotografías y registros de llamadas que detallaron la planificación del delito, además de mensajes entre Palavecino y Ruiz en los que reconocían su participación en el robo y en los intentos por obstaculizar la investigación. En una de estas conversaciones, Palavecino también expresó su enojo hacia Ruiz por la detención de su hijo.

Delitos y próximo juicio

La acusación incluye los delitos de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y mediante el uso de armas de fuego, privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita. Los fiscales destacaron que la evidencia reunida fortalece las imputaciones y será clave para el juicio, que buscará esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.

Este caso no solo expone la gravedad del delito cometido, sino también una preocupante trama de corrupción y encubrimiento judicial que pone en el centro del debate la necesidad de garantizar transparencia y rigor en los procesos legales.