El inicio del III Encuentro del Consejo de Seguridad Interior, que analizará acciones en contra del narcotráfico, es el marco para consultar a quien años anteriores ocupó la Dirección Nacional Antidrogas de Gendarmería Nacional, comandante General (R), Jorge Javier Cabral, ex comandante del Operativo Escudo Norte.

Definió para Nuevo Diario que “la situación general del país, está dominada por la conflictividad política, necesidades sociales y expectativas de una mejor economía que permita disminuir el alarmante porcentaje de la pobreza, no dejan percibir con claridad el afianzamiento y expansión del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, fronteras adentro del país”.

Entendiendo que existe una falta de voluntad política, reflejada en la ausencia de políticas de estado y planificaciones serias para enfrentar decididamente al problema. La “falta de voluntad política” alude no solamente a la omisión, falta de acción y garantismo del poder ejecutivo sino también a las responsabilidades omitidas y quebrantadas de los otros dos poderes: legislativo y judicial.

También, este lamentable hecho pone ante la vista de los argentinos y el mundo que, el escenario del AMBA es igual o peor que el de la ciudad de Rosario, por la sencilla razón de la extensión territorial y densidad poblacional, a lo que hay que sumar los problemas de toda índole que aún continúan sin solución.

Las responsabilidades están a la vista, el poder político que antepone cuestiones ideológicas a la atención que merece una problemática de esta dimensión confiando las estructuras de seguridad y antidrogas a actores que vienen fracasando hace más de diez años en sus cometidos, sin contar con ningún plan específico que contribuya a mejorar la situación. Además, la administración de justicia ha demostrado claramente no estar a la altura que las circunstancias exigen. Y también que las fuerzas de seguridad y policiales se han debilitado considerablemente como consecuencia de la falta de políticas de Estado específicas y erróneas distribución territorial de las fuerzas de seguridad. La pandemia ha contribuido a debilitar aún más la performance de las mismas, observándose por ejemplo en las zonas fronterizas el repliegue parcial de las fuerzas federales donde deberían continuar operando, mientras que por el contrario es llamativo el empoderamiento de las fuerzas provinciales que cumplen funciones para las que no se encuentran capacitadas ni equipadas.

Más allá de las lamentables consecuencias provocadas por el consumo de la cocaína envenenada, es necesario reflexionar sobre las situaciones que se pusieron en evidencia. Una de ellas podría ser la apertura del debate sobre la conveniencia de la legalización de la producción y comercialización de estupefacientes a los fines control. Y en esa misma línea también se podría debatir sobre la precariedad del sistema sanitario que no estaría en condiciones de absorber la problemática de salud de los potenciales consumidores.

En este sentido, la sociedad y el Estado tendrían que estar alertas ante oportunistas que buscarían o propondrían reflotar proyectos que en la situación actual del país no son prioritarios y para los cuales las demás instituciones estatales no están preparadas ni fortalecidas.

El sector social que consume drogas y funda la necesidad de la demanda, como asimismo los organismos que deben dar contención a esta problemática, deberán tener muy presente que no existen las marketineras drogas de las buenas, porque todas son nocivas para la salud y generalmente se encuentran alteradas en sus grados de purezas por los “cortes” que se realizan con substancias de alta toxicidad. El narco siempre tratara de “alargar” su producto para hacerlo más rentable, sin ningún tipo de contemplaciones para la salud del consumidor.

“Aún peor fue la falta de eficiencia y eficacia de las gestiones gubernamentales en combatir el delito mientras que las organizaciones criminales son creadas, desarrolladas y se expanden con gestiones exitosamente planificadas y muy eficaces para sus operaciones ilegales, muchas veces sostenidas por la corrupción”, enfatizó Cabral.

Donde la marcada debilidad de la seguridad fronteriza, que se ha ido agravando paulatinamente en las últimas dos décadas, producto del desmantelamiento de los dispositivos de las Fuerzas de Seguridad, para afectarlas a la Seguridad Ciudadana en los Centros Urbanos del país, han contribuido al decaimiento del control estatal en las zonas críticas.

La actualidad

La principal señal positiva, que advierte el ex director Nacional de Antidrogas de Gendarmería, que se visualiza en la actualidad, es la decisión para enfrentar el problema, lo que en primera instancia se traduce en la coordinación y apoyo a las provincias en materia de seguridad, como así también coordinación con los jueces, fiscales y conducción, apoyo y revalorización del servicio que ejercen las Fuerzas de Seguridad y Policiales.

Lo expresado se aprecia en la ejecución del Operativo “Bandera”, cuyos primeros resultados fueron informados recientemente por la Ministro de Seguridad de la Nación y el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, indicándose como principales avances en lo que va del año una disminución en la ciudad Rosario del 59 por ciento de las “balaceras” y el aumento del 500 por ciento de drogas decomisadas en esa ciudad.

“Son muy loables los resultados alcanzados, sin embargo, debemos señalar que ese operativo comprende a la ciudad de Rosario que ciertamente concentra gran parte de la preocupación por el avance narco, pero existen varios territorios que presentan similares características delincuenciales, como la región AMBA y Córdoba”, enfatizó.

Profundizando aún más, y del análisis geopolítico actual referente a las organizaciones narcos, afirmó que “el principal escenario narco se ha ampliado al triángulo comprendido por los vértices de Santa Fe-Córdoba-AMBA, ya que esas organizaciones buscan colocar sus cargamentos lo más próximo a los puertos de embarque hacia los mercados consumidores#.

Aclarando que, además, se intensifico la utilización de rutas que desde Perú y Bolivia recorren en forma paralela la Cordillera de los Andes para llegar a la Patagonia y desde allí exportar la droga por los puertos del Atlántico o Pacífico, a través de Chile.

Así recordó que, en el pasado mes de julio, se realizó el Operativo “Infierno Blanco” en la localidad de Caviahue (Neuquén) que permitió incautar más de 780 kilogramos de cocaína y desbaratar a una banda narco internacional.

Debilidad en hidrovía y espacios aéreos

Otra debilidad del control estatal se extiende al ámbito fluvial, siendo la Hidrovía Paraná-Paraguay muy utilizada para el contrabando de grandes cantidades de drogas y otras mercaderías ilegales (últimamente los cereales y granos que procuran evadir los impuestos al sector productivo), situación ésta que se ve favorecida por la dificultad para armonizar los controles conjuntos con los distintos actores que tienen jurisdicción en la Hidrovía. Opinó Jorge Cabral

También, el espacio aéreo escapa al control estatal, ya que los Transportes Aéreos Irregulares (TAIS) continúan operando desde hace varios años con total libertad, producto de la ausencia de legislación específica y de un esquema de control aéreo, sea en las fronteras o en el interior del país. Esto es comprobable con los cargamentos de drogas incautados en zonas del interior del país, los que llegaron allí mediante la utilización de la modalidad aérea, como así también la incautación de aeronaves narcos en las provincias de Chaco y Corrientes, las que tuvieron que ser abandonadas por sus tripulantes luego de sufrir accidentes o desperfectos en las maquinas, una de esas aeronaves fue abandonada en plena Ruta Nacional 12.

EN EL AÑO 2022 EN UNA NOTA BRINDADA A CADENA 3, DECIA LO SIGUIENTE ESTE MISMO COMANDANTE RETIRADO DE GENDARMERIA NACIONAL.

El tétrico panorama generado por la comercialización de cocaína envenenada en el conurbano bonaerense, que causó hasta ahora más de veinte muertes y decenas de personas hospitalizadas en grave estado, visibilizo en forma contundente la situación que, hasta ahora las autoridades políticas, judiciales y del ámbito de la seguridad, nunca quisieron reconocer.

El narcomenudeo es en la lucha contra las drogas un problema análogo a lo que en tecnología se denomina el problema de la última milla. La venta minorista es el fin esencial de la producción y comercialización ilegal de drogas, porque allí se genera el fenómeno de la demanda y hasta ahora ningún gobierno en Argentina ha logrado controlar a la misma.

Los pocos planes antidrogas que se pusieron en práctica en el país siempre partieron de objetivos de lucha contra el macrotráfico, por el impacto mediático que producen sus logros en el ámbito político y social. Así, el microtráfico quedó fuera del foco de la atención fortaleciéndose sin inconvenientes y facilitando la instalación de bandas locales y extranjeras o mixtas en zonas carenciadas. Ante la ausencia del estado, dichas organizaciones delictivas lograron ejercer el poder en los territorios ocupados provocando la violencia y muertes sin que se produzca la esperada reacción estatal.

Generalmente, la existencia de bunker de drogas es conocido por los vecinos, inclusive por los responsables estatales de la seguridad y control territorial. En el caso actual de intoxicación, esto quedó en evidencia con la rápida intervención policial que logró incautar drogas y realizar detenciones de personas en el lugar, dejando al descubierto que la prevención de la seguridad barrial del delito ya no existe. Es la última milla, la fase no identificada dentro del problema y sin embargo de singular importancia para el éxito de cualquier esquema de control.

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