La defensa de la investigadora cuestiona las acusaciones y sostiene que su trabajo había sido autorizado.

Por la Redacción de Cronos Multimedios

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Carolina Aparicio, ingeniera agrónoma e investigadora con más de dos décadas de trayectoria en el organismo. La medida, conocida públicamente el 26 y 27 de octubre de 2026, reabre el debate sobre los procedimientos administrativos de los organismos científicos, la autonomía de los investigadores y la transparencia en el tratamiento de estudios relacionados con la exposición a plaguicidas.

Sin embargo, para comprender el caso es necesario ir más allá de las repercusiones públicas y examinar los argumentos que sustentan la decisión institucional, así como los cuestionamientos planteados por la defensa de la investigadora.

¿Cuál es la versión oficial del INTA?

Según la información publicada por el medio especializado Primera Plana y otros medios que reprodujeron los fundamentos de la Resolución 366, el Consejo Directivo del INTA dio por concluido un sumario administrativo iniciado en diciembre de 2023.

La resolución atribuye a Aparicio incumplimientos vinculados con las prohibiciones establecidas en los incisos e) e i) del artículo 24 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional.

El primer inciso se refiere al uso de las facultades del cargo para fines ajenos a la función pública. El segundo contempla el uso indebido de los bienes o recursos del Estado.

Entre los principales cuestionamientos que, según la resolución, fundamentaron la sanción se encuentran:

• La participación de una persona ajena al organismo: las autoridades cuestionaron el papel que habría tenido José Luis Costa, investigador retirado del INTA y conviviente de Aparicio, en tareas de conducción, supervisión y acceso a información del proyecto.
• El tratamiento de información reservada: la resolución sostiene que se otorgó acceso a determinados datos sin las autorizaciones institucionales que el organismo consideraba necesarias.
• La gestión de fondos y recursos públicos: el expediente examina el manejo administrativo de los recursos vinculados con el financiamiento europeo y el envío de muestras al exterior para su análisis.
• Los procedimientos éticos y científicos: las autoridades cuestionaron la intervención del comité de ética, la formalización de ciertas decisiones y diferencias entre la cantidad de participantes prevista en el protocolo y la informada posteriormente.

Estos puntos constituyen los fundamentos atribuidos a la decisión administrativa. Su exposición no equivale, por sí misma, a una sentencia judicial que determine la comisión de un delito.

La resolución también habría rechazado el planteo de nulidad formulado por la defensa, que alegó irregularidades en el procedimiento, indefensión y trato discriminatorio.

Fuente consultada: Primera Plana, publicación del 27 de octubre de 2026 sobre la Resolución 366 del INTA.

¿Qué dice el organismo sobre el proyecto SPRINT?

El proyecto SPRINT fue una investigación internacional financiada por la Unión Europea y coordinada por investigadores de la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. Su objetivo era estudiar la presencia de plaguicidas y sus mezclas en el ambiente, los animales y las personas, para contribuir al desarrollo de estrategias de reducción de riesgos.

Argentina participó a través de equipos vinculados al INTA, con Aparicio como coordinadora local.

En su comunicación institucional sobre el caso, el INTA sostuvo que su compromiso es con la producción de evidencia confiable y con el cumplimiento riguroso de los protocolos científicos, éticos y administrativos. También planteó la necesidad de fortalecer las capacidades analíticas y el equipamiento del organismo.

La posición institucional pone el acento en el cumplimiento de las normas y en la responsabilidad de quienes administran recursos públicos. No obstante, para evaluar integralmente la controversia también es necesario conocer el expediente completo y determinar qué documentación respalda cada imputación.

La defensa de Aparicio cuestiona la sanción

La postura de la investigadora y de su abogado, Mario Bolla, es diferente. Según las declaraciones recogidas por distintos medios, sostienen que el proyecto había sido aprobado por el INTA y que las decisiones cuestionadas respondían a los protocolos de la investigación internacional.

La defensa también rechaza las imputaciones y considera desproporcionada la sanción aplicada.

Uno de los puntos centrales de la controversia es si la participación de Costa, el acceso a los datos y el envío de muestras al exterior estaban debidamente autorizados en el marco del proyecto o si requerían aprobaciones adicionales de las autoridades del organismo.

Resolver esa diferencia exige examinar las resoluciones originales, los acuerdos de financiación, los protocolos de investigación, las autorizaciones éticas y las actuaciones del sumario. Las declaraciones de las partes son relevantes, pero no reemplazan la comprobación documental.

Por otra parte, distintos sectores de la comunidad científica y organizaciones socioambientales interpretaron la medida como un posible intento de disciplinamiento relacionado con las investigaciones sobre agroquímicos. Esa interpretación debe presentarse como una denuncia de esos sectores, no como una motivación política demostrada.

¿Qué encontró la investigación sobre los plaguicidas?

La controversia administrativa coincide con la difusión de resultados del proyecto SPRINT que generaron interés público.

En Argentina participaron 73 personas voluntarias de localidades del sudeste bonaerense, entre ellas Tres Arroyos, Necochea, Balcarce y Mar del Plata. Se analizaron muestras humanas y diferentes matrices ambientales para evaluar la exposición a plaguicidas.

Los resultados difundidos señalaron la presencia de múltiples sustancias en las muestras analizadas. En el caso del glifosato, se informó su detección en el 84 % de las muestras de orina de los participantes argentinos y en todas las muestras de materia fecal examinadas.

También se comunicaron hallazgos de residuos de plaguicidas en polvo doméstico, alimentos y dispositivos de monitoreo de exposición cotidiana.

Estos datos deben interpretarse con precisión: corresponden a las muestras y a las personas incluidas en el estudio, y no permiten afirmar automáticamente que toda la población argentina presenta los mismos niveles de exposición.

Asimismo, detectar una sustancia no demuestra por sí solo que haya causado una enfermedad. Para establecer riesgos sanitarios es necesario considerar las concentraciones, las vías y la duración de la exposición, las características de cada compuesto y la evidencia toxicológica disponible.

El propio expediente, según la información publicada, hace referencia a resultados del proyecto que no habrían superado la ingesta diaria admisible de referencia para el glifosato en los grupos estudiados. Esa observación debe entenderse dentro de los límites del estudio y no como una prueba general de ausencia de riesgo frente a todas las sustancias y mezclas detectadas.

Las preguntas que siguen abiertas

El caso plantea interrogantes que merecen respuestas documentadas.

¿Con qué autorizaciones se incorporó Argentina al proyecto y qué decisiones estaban habilitadas por esas autorizaciones? ¿Existieron incumplimientos administrativos verificables? ¿Qué responsabilidades correspondían a la coordinadora y cuáles dependían de las autoridades institucionales? ¿La sanción aplicada guarda proporción con las faltas atribuidas? ¿Qué instancias de revisión administrativa o judicial están disponibles para la investigadora?

También resulta importante establecer si hubo una relación causal entre la difusión de los resultados científicos y la decisión de exonerarla. La coincidencia temporal entre una investigación sensible y un sumario no alcanza, por sí sola, para probar una represalia; del mismo modo, la existencia de una resolución administrativa no elimina la necesidad de examinar críticamente sus fundamentos.

Una discusión que excede a una investigadora

El caso de Virginia Aparicio pone en discusión dos responsabilidades que no deberían ser incompatibles: el cumplimiento de las reglas que rigen el empleo público y la protección de una investigación científica independiente, transparente y sujeta a evaluación.

Los organismos estatales tienen la obligación de controlar el uso de los recursos públicos, garantizar la protección de datos personales y exigir el cumplimiento de los protocolos. Al mismo tiempo, deben ofrecer procedimientos claros, decisiones fundadas y mecanismos efectivos para cuestionar sanciones.

En materia ambiental y sanitaria, la información científica resulta especialmente relevante para las comunidades que conviven con actividades agrícolas y posibles fuentes de exposición a plaguicidas. Por eso, el debate no debería limitarse a las posiciones enfrentadas: requiere documentos públicos, evaluación técnica independiente y respuestas institucionales verificables.

La pregunta de fondo no es solamente por qué fue exonerada Virginia Aparicio, sino qué pruebas respaldan la decisión, qué garantías tuvo durante el procedimiento y cómo se garantizará que las controversias administrativas no impidan conocer y evaluar los resultados de la investigación científica.

Cronos Multimedios seguirá el desarrollo del caso, con especial atención a la documentación oficial, los argumentos de la defensa y las respuestas de las autoridades competentes.