EL DIA CERO: EL ATAQUE AL AIRE Y LA DENUNCIA FEDERAL (MARZO DE 2010)

Todo comenzó formalmente el 15 de marzo de 2010. Durante semanas, tres de las emisoras más escuchadas y críticas de San Ramón de la Nueva Orán Radio Cadena NOA (dirigida por Samuel Huerga), Radio Ciudad (de Gloria Seco) y Radio A (de Raúl Sánchez) comenzaron a sufrir un ensordecedor bloqueo en sus frecuencias. El aire se llenaba de ruidos blancos, "frituras" y distorsiones intencionales que impedían que sus señales llegaran a los oyentes.

Cansados del sabotaje comercial y del ataque directo a la libertad de expresión, los tres directivos se presentaron ante la Fiscalía Federal de Orán, a cargo de José Luis Bruno. La denuncia penal no andaba con rodeos: señalaba directamente a Roberto "Yiyo" Meri, dueño de la potente Radio Güemes, como el autor material e intelectual de las interferencias. Sin embargo, el componente más explosivo de la acusación era el operativo logístico: los denunciantes afirmaban que los potentes transmisores espurios estaban escondidos de manera clandestina nada menos que en el segundo piso de la Casa Municipal de la Cultura, contando con el amparo o la complicidad de funcionarios del gobierno local.

El nudo de la causa: "Desapariciones" de equipos y justificaciones oficiales

El fiscal Bruno inició rápidamente la investigación penal. No obstante, el factor tiempo y las filtraciones jugaron en contra de la causa desde el minuto uno. Para cuando la justicia intentó avanzar con peritajes e inspecciones profundas de la mano de técnicos de la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), los supuestos equipos inhibidores de señal ya no estaban en la Casa de la Cultura. Habían sido retirados a tiempo.

Por otra parte, la defensa de los acusados tejió una coartada perfecta que desactivó la figura de la "intrusión ilegal". Argumentaron con documentos que el acceso de Roberto Meri y de su hijo a las instalaciones municipales no era clandestino, sino que respondía a una autorización oficial y formal para realizar el mantenimiento técnico de las antenas retransmisoras de Canal 7 (la TV Pública nacional). Con la justificación técnica del libre acceso y la "evidencia física" esfumada, la causa penal entró en un laberinto burocrático.

El factor determinante: Las manos de Raúl Reynoso

El golpe de gracia para que la investigación penal no llegara a ningún puerto tuvo un nombre propio: el juez federal Raúl Reynoso. El expediente quedó radicado en su juzgado, el único con competencia federal en esa caliente zona de frontera.

Hoy en día, el nombre de Reynoso evoca uno de los capítulos más oscuros de la justicia argentina. Años después de este episodio, se destaparía la realidad: Reynoso no dictaba justicia; lideraba una asociación ilícita. El magistrado fue destituido, procesado y condenado con penas de prisión por operar de manera criminal, valiéndose de su cargo para favorecer a narcotraficantes y contrabandistas a cambio de millonarias coimas, dádivas y entrega de bienes.

En un juzgado diseñado para cajonear expedientes de acuerdo con los intereses del magistrado, la causa por el sabotaje radial contra Roberto Meri corrió el destino esperado. Bajo la gestión del juez penal hoy desacreditado, la investigación fue deliberadamente paralizada. No se avanzó con las ruedas de indagatorias claves, no se profundizaron las pericias telefónicas ni los cruces de llamadas de los vehículos identificados, y las pruebas testimoniales fueron congeladas en el tiempo.

El Desenlace: El archivo por prescripción

Sin el impulso de un juez transparente y con los plazos legales corriendo a favor de los denunciados, el expediente languideció durante años acumulando polvo en las estanterías del Juzgado Federal de Orán.

Finalmente, al no haber actos procesales interruptivos ni condenas en un tiempo razonable, la causa penal prescribió formalmente y fue archivada de forma definitiva. 

Roberto Meri quedó libre de cualquier cargo legal por este hecho. El conflicto, que en un principio amenazaba con derivar en severas sanciones penales por violación a las leyes federales de telecomunicaciones, terminó diluyéndose como una feroz "guerra de radios" locales, amparada por la inacción de un juzgado cuya cabeza terminó tras las rejas por crimina