Un fuerte revuelo político y social sacude a Colalao del Valle luego de que trascendieran imágenes y testimonios que exponen el presunto estilo de vida de la pareja del intendente Gastón Gustavo Morales, de 65 años.

Según fuentes locales, la joven de 24 años habría recibido recientemente el último modelo de iPhone y una camioneta RAM 0 km valuada en millones de pesos. A esto se suman publicaciones en redes sociales donde se la observa en destinos turísticos internacionales como Miami, Cancún y distintos puntos de Europa, en algunos casos acompañada por el jefe comunal.

Reclamos vecinales y críticas a la gestión

Mientras las imágenes circulaban en redes, vecinos del municipio denunciaron que persisten problemas estructurales en la localidad: calles sin asfaltar, falta de insumos en el hospital local y demoras en obras públicas anunciadas durante la campaña electoral.

“Acá no hay plata para arreglar una ambulancia, pero sí para viajes y camionetas”, expresó un comerciante del centro del pueblo, reflejando el malestar que se replica en distintos sectores de la comunidad.

Pedido de informes en el Concejo

La controversia llegó al Concejo Deliberante, donde ediles opositores solicitaron informes formales sobre el origen de los fondos utilizados para los viajes y los bienes de alto valor. También pidieron que se determine si existió uso de recursos públicos con fines personales.

Desde el entorno del intendente aseguraron que los gastos “corresponden a su vida privada” y que “no hay irregularidades administrativas”. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron documentos oficiales que respalden públicamente esas afirmaciones.

Repercusión en redes y posible intervención judicial

En redes sociales, el caso fue apodado por usuarios como “el Sugar Daddy municipal”, convirtiéndose en tendencia regional. Las críticas no solo apuntan al vínculo personal, sino a lo que vecinos describen como una falta de prioridades en la gestión pública.

El escándalo continúa escalando y no se descarta que la Justicia provincial intervenga en caso de detectarse inconsistencias patrimoniales o presunto uso indebido de fondos públicos.