Ya no estamos frente a hechos aislados.
Esto no es un exabrupto, ni un desborde individual. Es un sistema de violencia sostenido, financiado y protegido.

Hay operadores del odio que actúan en redes sociales con una impunidad que no surge de la nada. Detrás hay respaldo político, respaldo económico y silencio judicial. Nada de esto es espontáneo.

Las amenazas, los insultos sistemáticos y lo más grave  los ataques dirigidos a hijos y familias, no son “opiniones”. Son métodos de disciplinamiento. Son prácticas propias de quienes no toleran la denuncia, la exposición pública ni la verdad.

Y aquí es necesario decirlo sin rodeos:  Hay comerciantes y actores políticos que financian estas prácticas, que ponen recursos para ensuciar, intimidar y amedrentar a quienes denunciamos hechos de corrupción ocurridos durante la gestión de Isidro Ruarte, denuncias que fueron públicas, documentadas y sostenidas en el tiempo.

Financiar el odio también es violencia,  pagar para que otros amenacen también es delito. Esconderse detrás de terceros no los vuelve inocentes, los vuelve más responsables.

A los fiscales les cabe una pregunta ineludible: ¿Van a seguir actuando como si no supieran quiénes pagan, quiénes ejecutan y quiénes son las víctimas? Cuando hay amenazas reiteradas, cuando hay menores involucrados, cuando hay patrones claros de hostigamiento digital,

 la inacción judicial deja de ser negligencia y pasa a ser complicidad institucional. El Ministerio Público no puede seguir fingiendo neutralidad, la neutralidad frente a la violencia favorece al violento. La pasividad frente al delito protege al corrupto.

Y a los financiadores , comerciantes y políticos que creen que el dinero compra silencio, miedo o impunidad, una advertencia clara:
el escrache moral ya existe, y tarde o temprano llega el escrutinio judicial.No hay campaña sucia eterna.No hay anonimato que dure para siempre.No hay poder económico que tape la verdad cuando la sociedad empieza a mirar.

Este editorial no busca consenso, busca responsabilidad.

Porque una democracia donde se permite amenazar hijos, donde se paga para destruir al que denuncia, y donde la Justicia calla, no es una democracia sana: es un sistema enfermo. Y las sociedades enfermas, cuando despiertan, piden cuentas. Proximamente tambien vamos a describir uno por uno los Sponsors y sus debilidades y morbosidades.